La prensa da por concluído el proceso de investigación de la ertzainza a raíz de la muerte de iñigo cabacas:

El diario "el correo" en una nueva publinoticia da por culminados los cambios en la Ertzantza tras el asesinato de Iñigo Cabacas. Sin comentarios...

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La Audiencia de Barcelona no descarta que la bala de goma contra Quintana fuera intencionada

Nueva resolución judicial en busca de averiguar la verdad del caso Ester Quintana. La sección décima de la Audiencia de Barcelona ha emitido un auto donde estima el recurso de la acusación particular de la vecina de la Verneda que perdió un ojo el 14 de noviembre de 2012, y acuerda que el delito imputable a los dos antidisturbios acusados del disparo de bala de goma no debe circunscribirse a una lesión imprudente, sino que podría haber sido una lesión dolosa con pérdida de órgano principal o, en otras palabras, no se descarta que la actuación fuera intencionada. Este matiz jurídico tiene una gran relevancia en el caso, ya que las penas se podrían incrementar hasta una horquilla de entre seis y doce años de prisión para el subinspector con número de placa 3772 y para el escopetero con TIP 14211 . Las tres juezas de esta sección de la Audiencia creen que circunscribir el delito dentro del marco de una imprudencia sería prematuro y no permitiría que durante la vista oral se pudiera determinar con claridad cómo y por qué se disparó contra Ester Quintana. 

Con esta decisión se deniega el argumentario planteado por el abogado de la Generalitat, y durante el juicio se dilucidará si los policías eran conscientes de la grave lesión que podían provocar antes de ordenar disparar y pulsar el gatillo, respectivamente. Lo que sí se considera plenamente contrastado a partir de la labor de investigación que ha hecho el juzgado de instrucción 11 de Barcelona, ​​es que el objeto que impactó contra Quintana fue una bala de goma y que fue disparada por un agente los Mossos. 

Con este auto, el máximo órgano judicial catalán da un paso más allá en la determinación de las responsabilidades penales del caso, y pone más difícil la tesis exculpatoria defendida aún a día de hoy por el Departamento de Interior. Cabe recordar pero que Manel Prat, el Director General de la Policía el día que Quintana fue herida, abandonó su cargo hace tres meses debido al desgaste de su imagen como consecuencia de la mala gestión del grave incidente, y también por el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez. Felip Puig, sin embargo, se mantiene como consejero del gobierno de Artur Mas

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Sindicatos de periodistas denuncian constante acoso y violencia policial “para que no registren lo que está sucediendo”:

Un nuevo informe elaborado por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alerta de que cada vez son más las dificultades que los profesionales de los medios de comunicación están encontrando en nuestro país para desempeñar su trabajo durante las protestas ciudadanas, “debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de policías autonómicas”.

Los profesionales más afectados, según indican las organizaciones, suelen ser los los periodistas “freelances” y los fotoperiodistas pertenecientes a medios independientes, y colaboradores de publicaciones y emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, de los que se han registrado numerosas agresiones y detenciones, que “han sido reiteradas e incluso han ido en aumento”.

Las agresiones “se producen principalmente en momentos en los que los periodistas registran la actuación de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas, realizando detenciones o cargas contra los manifestantes”, con el objetivo de “evitar que registren lo que está sucediendo y no pueda difundirse posteriormente”.

Es más, según el documento, los agentes son conscientes de que se dirigen contra periodistas, ya que previamente se han identificado como prensa y llevan visibles sus distintivos y equipos de captación de imagen, y según un comunicado previo de ReMC y FeSP, también se ha producido “la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a comisaría”.

Caso omiso del Gobierno a los informes y avisos previos:
El informe hace mención a los estudios previos que otras organizaciones han llevado a cabo sobre los ataques a los periodistas en España y que el Gobierno no ha tenido en cuenta.

Tal es el caso del documento elaborado en 2013 por la Coordinadora de Prevención de la Tortura, en el que se recogían 17 casos de agresiones a profesionales de la comunicación, “que van desde incautación de fotografías hasta detenciones bajo falsas acusaciones”.

También la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha hecho varios llamamientos a las autoridades españolas para que “protejan adecuadamente y mejoren la seguridad de los periodistas que informan sobre manifestaciones, así como que se investiguen a fondo dichos ataques”, ya que “han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión”. Sin embargo, estos avisos han sido ignorados y “se han seguido produciendo agresiones e incluso detenciones de periodistas”.

Además, España ha ignorado la Resolución 21/12 sobre Seguridad de los Periodistas adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, en la que “expresa su preocupación por el hecho de que los atentados contra periodistas queden frecuentemente impunes” y exhorta a los Estados a investigar y castigar judicialmente a los autores y resarcir a las víctimas.

Obstáculos del Gobierno a la creación de medios de comunicación comunitarios

La segunda denuncia realizada por ReCM y FeSP en este informe se refiere al incumplimiento tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos de la normativa de 2010 que obliga al reconocimiento de las “emisoras comunitarias”, radios y televisiones sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil.

La normativa en cuestión es la Ley General 7/2010 de Comunicación Audiovisual, que establece que “todas las personas tienen derecho a que la comunicación audivisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”,

Las organizaciones sociales tienen derecho a recibir licencias de radio y televisión pero no solo se les está impidiendo acceder a dichas licencias –ya que la elaboración de los reglamentos exigidos por la norma ha sido paralizada por el Gobierno– sino que además están recibiendo sanciones por emitir sin licencia, a pesar del Recordatorio de deberes legales que el Defensor del Pueblo elevó al Gobierno en 2012 tras la denuncia de numerosos colectivos sociales.

El informe recoge casos de “numerosas emisoras comunitarias que han sufrido presiones por parte de distintas administraciones (estatal, autonómica y local) para que cesen sus emisiones por carecer de licencia, licencia que no pueden obtener por incumplimiento de la ley por parte del Gobierno”. Las emisoras se enfrentan en algunos casos a multas de cientos de miles de euros.

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Entrevista al colectivo gallego "Nais contra a impunidade":

Entrevista por parte de la revista "Pikara" a Carmen Castro, madre de Diego viñas, Pastora González, madre de Xose Tarrío, Lola Riveiro, madre de Noelia Cotelo y Fran buey, todas pertenecientes al colectivo gallego con el que hemos compartido cenadores, conversación y charlas "Nais contra a impunidade":

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Entrevista en Judici a la Justicia en Radio Bronka (23/07/2013):

Hoy queremos volver a compartir el podcast de la entrevista realizada sobre el caso de David Blanco que recibimos el pasado 23 de Julio de 2013 por parte de los integrantes del programa catalán Judici a la Justicia, programa que se emite los martes cada quince días, de 19:00h a 21:00h en directo desde Radio Bronka.
Para los que solo quieran escuchar la entrevista os hacemos saber que esta comienza a partir del minuto 16.
Sin más dilación os dejamos el enlace:

Para escuchar la entrevista picha aquì

Una nueva muerte por sobredosis en la prisión de Topas (Salamanca):

Tenemos constancia de una nueva muerte por sobredosis esta vez en la prisión de Topas (Salamanca). Se trata de R. R. C. de 28 años de edad y natural de Salamanca. El día 29 era sacado del módulo 12 (módulo de  respeto) y fallecía el día siguiente a causa de una sobredosis.

En España existe un promedio de 201 muertes en prisión cada año. La estadística pone de manifesto que las muertes por sobredosis suponen el 22,3% del total de fallecidos, y que las muertes por suicidio se elevan al 11,3% de los casos. Teniendo en cuenta la gran relación existente entre muertes por sobredosis y conductas suicidas, resulta sobrecogedor el elevado índice de fallecidos por ambos conceptos.

Este hecho es sumamente grave, por un lado porque la administración penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos y está claro que no lo consigue de forma efectiva; y, por otro, porque la Constitución Española en su artículo 25 dispone que las penas privativas de libertad deberán estar orientadas a la reeducación y reinserción, resultando absolutamente imposibles dichos objetivos si en un lugar cerrado y repleto de drogodependientes la droga puede adquirirse con facilidad.

A esto se le añade que no es posible endurecer los controles de seguridad hasta el límite, pues ello violaría derechos básicos y fundamentales de las personas presas.

En relación a las personas condenadas según el Código Penal actual, el 43’17% cumple condena por delitos contra el patrimonio (robos y hurtos), mientras que el 27’72% lo hace por delitos contra la salud pública (fundamentalmente, “menudeo” de drogas). Su perfil es de escasa peligrosidad., a pesar de lo cual la Justicia les tiene destinadas penas desproporcionadas, comparadas con los grandes defraudadores que ponen en peligro a todo un Estado, cuya única respuesta en muchos casos es la impunidad. Así, es muy frecuente que las personas con problemas de drogodependencias sean sentenciadas a condenas largas, lo que les impide el acceso a determinadas medidas alternativas a la prisión como la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. De la misma manera, el hecho de cometer varios pequeños delitos continuados las convierte en reincidentes, lo que puede agravarles aun más la condena recibida y/o convertirse en un obstáculo para acceder a medidas alternativas a la prisión.

La prisión no es un espacio en el que se pueda realizar un tratamiento terapéutico adecuado, sino que, al contrario, empeora la situación de las personas con problemas de drogas hasta llegar a extremos dramáticos como el de las muertes en prisión. Destacamos la responsabilidad de la administración teniendo en cuenta el absoluto y completo fracaso de la prisión como media resocializadora de las personas pesas, pudiendo afirmarse que la finalidad que juega la cárcel actualmente no es otra que contribuir a la destrucción psíquica y fisica de las personas que la padecen.

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